Mary trabaja desde niña para una familia de cuatro integrantes, vive en el cuarto de la azotea, su día libre es el domingo, pero antes de salir de la casa la patrona le revisa su bolso para que no se lleve nada que no sea suyo, al principio se sentía incómoda, pero con el tiempo se acostumbró, «pues por una que una riegue perdemos todas», comenta la joven mientras se dirige a tomar la combi.

Como la historia de Mary existen muchas, no existe un tabulador de salarios, y el acceso a los derechos laborales de todo trabajador sigue siendo un sueño, la gran mayoría no tiene seguridad social, no recibe aguinaldo y no se les respeta el horario laboral.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2.4 millones de personas son trabajador/as en el hogar de manera remunerada, prácticamente cinco por ciento de la población ocupada hoy en México; 95 por ciento son mujeres.

De ellas, 85.8 por ciento realizan tareas de limpieza en casas particulares, 8.2 son cuidadoras de personas y 5.0 por ciento lavanderas y/o planchadoras en particulares. Un tercio empezaron a laborar siendo niñas.

Más de 95 por ciento carece de acceso a servicios de salud; 80 por ciento no tiene prestaciones laborales; 46 por ciento (casi la mitad) no recibe aguinaldo, vacaciones ni horario fijo; obtienen salarios bajos, tienen jornadas largas y sus condiciones laborales son profundamente precarias e informales.

Por si no fuera suficiente, las trabajadoras domésticas padecen discriminación, clasismo y marginación social.

Fiorella Mancini, doctora en sociología e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, considera que para este sector se requieren mejores políticas públicas donde la regulación se cumpla.

Debido a que las trabajadoras del hogar son un sector desprotegido, en 2018 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán del amparo directo 9/2018, determinando que es inconstitucional que los patrones no estén obligados a inscribir a las empleadas domésticas ante el IMSS.

A partir de esa decisión, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante la Unidad de Trabajo Digno, vigila que se cumpla la normatividad y se les asegure la incorporación a la seguridad social, con el fin de proteger sus derechos humanos laborales para lograr un impacto en su bienestar, de sus familias y comunidad.

Sin embargo, se requiere que, además de la supervisión que en diversas ocasiones no es efectiva, haya sanciones para los empleadores (generalmente otras mujeres) quienes no cumplan con estas obligaciones, como sucede en Argentina, Uruguay y Costa Rica, donde este sector cuenta con derechos protegidos y un trabajo más digno, considera la especialista.

Por lo tanto se necesita que haya incentivos para que las patronas las inscriban en la seguridad social y sanciones en caso de que no lo hagan; también pensión para que puedan jubilarse y acceso al INFONAVIT, a fin de que tengan vivienda.