Terminar una carrera universitaria o posgrado, implica para la gran mayoría de estudiantes un esfuerzo extraordinario en materia económica e intelectual, sin embargo, distintas universidades retrasan o simplemente no tramitan en tiempo y forma la titulación de sus egresados, generándoles pérdidas incuantificables.

Ante ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación determinó que es viable que estudiantes que se encuentren en dicho contexto, recurran al amparo como una vía para obligar a las instituciones a la entrega de sus títulos.

En tal sentido, determinó que cuando una universidad privada no tramita o entrega un título profesional a un alumno que cumple los requisitos establecidos en los planes y
programas de estudio correspondientes, está afectando derechos en términos de la
Ley de Amparo.

Esto, ya que le impide el ejercicio de su derecho humano a la libertad de
profesión, así como la tramitación de su cédula profesional y el registro de los
documentos ante el Sistema de Información y Gestión Educativa para que tengan
validez en todo el país.

Es por ello que considera la Corte que las
universidades privadas se equiparan a una autoridad para efectos del juicio de
amparo y un alumno afectado por la retención o no entrega de su título puede obligarle a subsanar tal omisión vía amparo.