El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, denunció públicamente un nuevo caso hostigamiento sexual y de acoso laboral contra una trabajadora de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Aguascalientes por parte de Mario Arturo “N” “N”, quien actualmente funge como titular de la representación federal en Aguascalientes.

La víctima presentó la denuncia correspondiente ante el Órgano Interno de Control competente, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), sin que hasta el momento no ha tenido respuesta de ninguna de las autoridades mencionadas.

El Observatorio detalló en un documento dirigido a ña opinión pública, que desde inicios del 2021, la víctima comenzó a vivir acoso laboral y hostigamiento sexual por parte de Mario Arturo “N” “N”, teniendo conocimiento de estos hechos el jefe inmediato de ella, quien no respaldó ni laboral ni jurídicamente a la víctima.

Hasta el momento, el agresor sigue impune y gozando de la posición de poder que lo amparó y permitió que se cometieran los hechos de violencia contra la compañera trabajadora. Las redes de poder que sostienen en ese espacio al agresor, han solapado y revictimizado a la víctima, no se ha garantizado el acceso a la justicia, la reparación del daño ni la garantía de no repetición y han puesto en duda su testimonio así como el daño psicosocial y laboral que ha vivido.

Además del miedo que vive la víctima al tener que convivir con el agresor, se ha violentado su derecho a un trabajo en condiciones de igualdad, no discriminación y en un espacio libre de violencia.

Tampoco se han activado los mecanismos ni protocolos para atender la denuncia y sancionar al agresor, por el contrario, es a la víctima a quien han acosado desde lo laboral, impidiendo que desarrolle sus actividades profesionales como es el derecho de toda trabajadora.

Por lo expuesto, la Organización acompañante de mujeres víctimas de violencia, exigen a las autoridades encargadas, la pronta aplicación de los mecanismos para respaldar y proteger los derechos de la denunciante, que se garantice el acceso a una vida libre de violencia, se proteja su integridad ante cualquier hecho o acto de intimidación y amenazas, y se castigue al responsable de estos delitos.